Secreto empresarial y las obligaciones del Consejo de Administración

¿Qué debemos entender por secreto empresarial y cuáles son las obligaciones del Consejo de Administración respecto de los mismos?

Todos percibimos que las empresas están expuestas y son vulnerables ante prácticas indeseadas como la apropiación indebida de sus secretos empresariales; no sólo de conocimientos técnicos o científicos, sino también de datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

De estas indeseadas prácticas pueden ser,  potencialmente autores, tanto personas de la propia organización como proveedores la misma.

Personas de la organización que mediante conductas desleales incumplan un deber específico de  confidencialidad (consejeros, directivos y empleados).

Proveedores que intervienen en la investigación, desarrollo tecnológico, producción, distribución,   comercialización, o prestación del servicio que –por poner algunos ejemplos- pueden constituir el proceso clave o estratégico para la compañía,  como –lo que es más común- por  ex trabajadores o ex directivos,  empresas competidoras o hackers informáticos  que mediante  el  espionaje económico o industrial  llegan a conocer los secretos de la empresa para utilizarlos ilícitamente en su propio beneficio.

El pasado 25 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, aprobó el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que transpone a nuestro ordenamiento  la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La finalidad de la Directiva es la de armonizar la legislación de los estados miembros mejorando la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior completando la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en concreto, su artículo 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.

Precisamente la nueva norma tiene como principal finalidad la protección de los secretos empresariales.

Se entiende por tales, “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

  1. Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
  2. Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
  3. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”.

Aquí está, a mi entender, uno de los aspectos trascendentales de la norma,  que implica de manera directa al  órgano de gobierno de las organizaciones que,  en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio – sujetas a la discrecionalidad empresarial-  habrá de decidir, diligentemente – con  información suficiente- qué conocimientos (tecnológicos, científicos, industriales, organizativos, comerciales) configuran un secreto empresarial (por tener un valor empresarial, ya sea real o potencial).

Adicionalmente en ejercicio del desempeño de su deber de control, será el último responsable del establecimiento, implementación y eficaz  funcionamiento, de las medidas  que habrán de adoptarse para  proteger adecuadamente esos conocimientos como secreto empresarial.

Muchas empresas conocen el valor de la información que tienen en relación a productos o procesos, o a su propio  know-how y  a los conocimientos que han ido configurando el mismo. Ahora la norma exige precisarlos y adoptar medidas para su adecuada protección. De tal modo que  no hay secreto empresarial respecto de información no protegida adecuadamente.

La globalización, la creciente externalización, el uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de filtraciones no deseadas de la información que se considere secreta.  Por ello las medidas adecuadas para proteger los secretos empresariales deberán estar directamente relacionadas con la seguridad informática y para ser eficaces deberán de ser comprobadas, periódicamente auditadas y revisadas por la alta dirección y el órgano de gobierno.

Lo que debe  de quedar claro al  órgano de gobierno es que ante la falta de medidas protectoras no se podrá invocar la protección que otorga la Ley  y,  en consecuencia, la fuga de información confidencial merecedora de protección, será una responsabilidad suya de cuyos daños habrán de rendir oportuna cuenta.

Por el contrario una vez determinado por el órgano de gobierno – con  información suficiente-  que sea secreto empresarial y adoptadas las medidas adecuadas para su protección, la utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas por la norma en proyecto cuando…

sin el consentimiento de su titular, las realice no sólo quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita,  sino quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

Esto igualmente obliga a revisar los contratos y las cláusulas de confidencialidad con directivos, empleados y proveedores.

Solo añadir un matiz. Tal y como ya venía declarando la jurisprudencia, la  protección de los secretos empresariales no podrá servir de base para justificar limitaciones a los trabajadores del uso por parte de éstos de  su experiencia y de las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

 

Luis Suárez Mariño

Abogado, experto en Compliance.

 

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